El economista y catedrático Francisco Tavares Vásquez, considera que la modificación del sistema de pensiones en República Dominicana es vital para el país, porque se trata de cómo trataremos a nuestros envejeciente luego de haber trabajado toda su vida de manera continua formal e informalmente. Lo que implica también la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social, debido a que más del 57% de los dominicanos están fuera de este régimen.
Francisco, tras su participación en el espacio radial “Foro Abierto” acotó que las pensiones solidarias que el Estado otorga a personas con situaciones económicas difíciles (amas de casa solteras, personas con discapacidad y otras) se le deba llamar ayuda a la vejez o apoyo a la vulnerabilidad. Trayendo a colación que los 6 mil pesos de pensión solidaria no dan para cubrir un 10 % de los requerimientos alimenticios, ya que la estimación de la canasta básica familiar indica lo que debe consumir una persona al mes para vivir mínimamente.
Las pensiones son recursos que el Estado coloca a una persona que cumpla las condiciones (más de 60 años, vida laboral en la informalidad o formalidad con una cotización de 360 veces) para poder calificar por una pensión que ayude a cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud.
Citó, el estudio reciente que realizó la CEPAL: "49% de las personas de 60 años y más dependen de los ingresos de un familiar directa o indirectamente y el 11.8 % dependen de las remesas que reciben, de las cuales un 25 % se alimenta de su trabajo directamente".
Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), respaldado por la Fundación Sor de Chile, encontró que en el país es posible crear un régimen de pensión solidaria pública con una entidad que desplace a la AFP. Proponiendo así un sistema de pensión mínimo de 18,700 pesos, que saldría del promedio de los salarios mínimos de las empresas del sector privado.
Plantea que la reforma a la Seguridad Social sea una transformación basada en el derecho, en la justicia y la equidad social. El Estado debe crear una institución técnica con presupuesto propio y administración desconcentrada del poder político, para evitar contaminarla. Que su funcionario sea nombrado por un consejo tripartito.
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