El decreto presidencial 668-22 emitido por el presidente de la República Dominicana Luis Abinader que preocupa perseguir a las personas invasoras de propiedades privadas o del Estado dominicano, más allá de sus pretensiones choca de frentes con algunas leyes vigentes del país y aspecto importantes de la constitución.
La consideración es del abogado especialista en derecho constitucional Cristóbal Rodríguez, quien indicó que además la disposición gubernamental se presta para muchas arbitrariedades de partes de quienes tienes tiene que ejecutarla.
Palabras del reconocido jurista “El decreto tendría que ser compatible con la disposiciones de la Ley, no contrario, lo dado por decreto es ampliar, concretizar lo dispuesto por la Ley, y para eso está facultado el presidente de la república”
En el país hay disipaciones que son aplicable a cualquier persona, migrantes, o ilegal, que ocupe propiedades privadas o estatales, que pueden ser desalojadas, sin embargos preciso que en el país hay miles quizás millones de familias, que tiene propiedades pero que no tiene título, ya sea en barrios o campos de la nación.
Reiterando que dicho decreto se puede prestar para arbitrariedades y eso pone en peligros en situación de muchas a dueños de terrenos o casas, no cuentan con documentos que lo avalen.
Enfatizo Rodríguez que el referido decreto viola disposiciones leyes y la propia constitución de la Republica Dominicana.
Para Red Meridiana, Santo Salvador.
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